El gobierno portugués autorizó la vigilancia de los habitantes de su capital mediante grabaciones de audio junto a las cámaras de videovigilancia.Asociaciones de derechos civiles ya han rechazado la medida por considerarla una intromisión injustificada en la intimidad.
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Imagen de la vida nocturna del Bairro Alto
de Lisboa donde se instalaron ya
las cámaras de vigilancia. |
El ‘Gran Hermano’ que todo lo ve en la novela 1984 de George Orwell llegó a las calles de Lisboa. Numerosos rincones de la capital portuguesa ya disponen de cámaras de seguridad que registran imágenes de los alrededores, pero el Ministerio de Administración Interna (MAI) va a autorizar las grabaciones de sonido a través de los sistemas de videovigilancia que utilizan tanto la policía nacional como la militar.
El objetivo es completar la prevención de crímenes y facilitar la identificación de posibles sospechosos de los más diversos delitos, incluidos los relacionados con el terrorismo, en vista de que las conversaciones pueden ser un arma útil de combate a las infracciones, mucho más cuando se trata de averiguar en un corto periodo de tiempo cuáles eran las intenciones de los que buscaban perturbar el tono de tranquilidad general.
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Las nuevas cámaras en Lisboa
grabarán video y audio. |
La medida ya puede aplicarse, de manera experimental, en el Bairro Alto (Barrio Alto), una de las zonas de animación nocturna más concurridas de Lisboa, junto con el área de Cais do Sodré, al lado de la estación fluvial del mismo nombre. Hace años que los altercados se suceden en el perímetro comprendido entre el Chiado, la Bica y Príncipe Real, con los jóvenes inundando las aceras copa en mano y numerosos traficantes de drogas campando a sus anchas. De manera que este contexto hizo que las autoridades locales se decidieran por este enclave como laboratorio de pruebas.
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El Bairro Alto es uno de los sectores
más visitados por el turismo en Lisboa. |
Pero la iniciativa nace marcada por la polémica, puesto que no quedan definidos con exactitud los supuestos en que ha de ponerse en práctica. Los lugares públicos permanecen sujetos a esta nueva herramienta en caso de «peligro concreto», sin más especificaciones.
La consecuencia inmediata del revuelo causado por el anuncio de esta norma hizo que la Asociación de Direitos Civis alce su voz en contra: «Es evidente que se trata de una intromisión en la vida de las personas».
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